CON LA LEY DE MEDIOS NO ALCANZÓ

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner posibilitó el debate pendiente desde la vuelta a la democracia sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El proyecto fue discutido y analizado hasta su aprobación, en 2009, por gran mayoría en el Congreso de la Nación (146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados; 44 votos afirmativos contra 24 negativos y ninguna abstención en el Senado). Sin embargo, la nueva Ley – ahora antigua – nunca pudo aplicarse en su totalidad por diversas cautelares pedidas por el Grupo Clarín y, en gran medida, por falencias de la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

Martín Sabbatella, ex presidente de la AFSCA

La radiofonía y la televisión se debían una revisión ya que, anteriormente, se regulaba bajo la Ley de Radiodifusión 22.285 promulgada en 1980 por decreto, en la dictadura presidida por el genocida Jorge Rafael Videla. Carlos Menem, también por medio de DNU, la modificó para permitir –en palabras del periodista Jorge Castro– la “convergencia en las telecomunicaciones”. La mal llamada Ley de Medios fue declarada constitucional por la Corte Suprema de la Nación en 2013 en un contexto de elogios desde organismos internacionales. No obstante, al empecinarse con el Grupo Clarín, el kirchnerismo no fue a fondo con su aplicación y, por ende, no estuvo a la altura de las circunstancias.

La legislación era positiva por donde se la mire. ¿Qué falló en el camino? Uno de los motivos, sin dudas, fue la falta de autocrítica por parte del Frente para la Victoria y la no previsión de los resultados que arrojaron las elecciones presidenciales del 2015. El AFSCA destinó mucho de sus esfuerzos en desmonopolizar al multimedio más grande de América Latina, lo que no es poco, pero perdió el foco y se quedó en lo macro: en lo políticamente mediático. Lo micro comprendía reparaciones históricas a sectores que nunca hubieran podido acceder a tener una voz sin la Ley.

Jorge Lanata en Día D expone al Grupo Clarín

El slogan fue la pluralidad de voces y era atinado. Cooperativas, universidades, pueblos originarios, radios locales, entre otros, tuvieron la oportunidad de obtener licencias para expresarse. Además, las repetidoras debían contener un 70%  de producción propia, lo que generaba muchos nuevos puestos de trabajo. Sería fácil criticar a Martín Sabbatella, presidente del AFSCA, pero su trabajo no fue nada sencillo: era quién debía forjar la historia que se entrometía con los intereses de las corporaciones y nada menos que los del Grupo Clarín. En consecuencia, quedó una gran deuda con periodistas, estudiantes, trabajadores y, sobre todo, con el pueblo argentino.

Como la aplicación de la Ley quedó a medias, el presidente Mauricio Macri, en línea con la historia, no tuvo mayores inconvenientes en modificarla a través del decreto de necesidad y urgencia 267/2015. El nuevo regulador es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presidido por Miguel de Godoy, y echó por tierra la antigua Ley. En el año 1999, Jorge Castro argumentaba en su análisis Panorama sobre la concentración de medios de comunicación en la Argentina que “la indiscriminada concentración de medios y alianzas con empresas de telecomunicaciones atenta contra la pluralidad informativa e instalan temas de debate que influyen sobre la opinión pública”.

Todas estas medidas están siendo tratadas con una entendible sutileza por el Grupo Clarín porque a cambio recibe facilidades en el mercado. El ENACOM habilitó al monopolio de Ernestina Herrera de Noble la licencia de Fibertel que le permitirá brindar telefonía fija. En septiembre de 2015 había comprado el 49% de la compañía Nextel por U$S 165 millones pero el AFSCA debía regularlo y no se lo permitía. En enero de 2016 adquirió el restante 51% por U$S 85 millones y en poco tiempo será la única empresa con los derechos para transmitir televisión a través de los celulares. Para comprender la importancia de esta compra, es interesante estudiar los datos que arrojaron las estadísticas de un informe de enero de 2016 de la empresa We Are Social que investiga año a año los usos de Internet, las redes sociales, y el uso de los smatphone. En Argentina el 80% de la población tiene acceso a la red y el 60.3% lo hace a través de su celular. Además, Clarín también está interesado en volver a tener los derechos televisivos de las transmisiones de los partidos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Oscar Aguad, Marcos Peña y Miguel de Godoy anunciando a ENACOM

Asimismo, los contenidos de la programación de los canales que le daban trabajo a muchos profesionales y se difundían por medio de la Televisión Digital Abierta pasaron a ser sustituidos por enlatados, es decir, productos ya grabados, con bajo costo, que generan poco rating y no son más competencia para los grandes medios. El ambicioso proyecto de TDA consistía en poder achicar la brecha informativa que se vislumbra con mayor facilidad por fuera de las grandes ciudades del país donde no hay otra opción que no sea Cablevisión o DirecTV. Cabe destacar que el propósito también era sacarle parte del mercado al Grupo Clarín ya que Cablevisión –del que sólo es dueño del 60% y el restante de su socio FINTEL SA–  le significa el 70% de toda la facturación del monopolio.

Tan sólo 19 días al poder le bastaron a Cambiemos para devolverle los favores de campaña al Grupo Clarín. El presidente tuvo un bajo costo político por el que debería haber sido mucho mayor tratándose de semejante Ley. Como diría el sociólogo italiano Mauro Wolf en Los efectos sociales de los media, “la influencia de los medios son a largo plazo, sobre todo aquellas que se ciernen ya no sólo sobre cada individuo sino sobre el sistema social entero o sobre parte de él”. El kirchnerismo fue, consciente o inconscientemente, parte de que el camino esté allanado para que Mauricio Macri pueda dejar muchos sueños en el olvido y muchos micrófonos en pocas voces.

Spot explicativo de la  AFSCA sobre la Ley